9 al 11 de Marzo de 2001
Fortalecimiento bilateral en la curiosa arquitectura de la institucionalidad interamericana
Santo Domingo
El jueves 8 de marzo de 2001, luego de la jornada correspondiente a los actos conmemorativos del Día de la Mujer, realizados en la República Bolivariana de Venezuela, el Presidente venezolano se embarcó en horas cercanas a la medianoche rumbo a República Dominicana.
Su presencia, en calidad de visita oficial, perseguía el objetivo de reforzar la relación política, económica y comercial, con una de las principales naciones del Caribe.
En su cuarto viaje del año 2001, segundo que efectuaba a República Dominicana durante su ejercicio presidencial, fue recibido en el Palacio Nacional por el, entonces, presidente Rafael Hipólito Mejía Domínguez (Hipólito Mejía).
Durante su permanencia en tierras dominicanas se acordó la renovación del programa energético conocido como el Acuerdo de San José, ocasión en la cual anunció un acuerdo para la instalación de cuatro (4) refinerías que sirviesen de centro de distribución de combustible para toda la región del Caribe.
El Presidente venezolano recibió la principal distinción concedida por el Gobierno dominicano que puede ser otorgada a un Jefe de Estado extranjero: la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz Placa de Oro.
Asimismo, durante su visita, la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd), primada de América, lo invistió con un Doctorado Honoris Causa, otorgado el mismo día de su llegada, el viernes 9 de marzo de 2001.
Ambos Presidentes, Chávez y Mejía, emitieron una Declaración Conjunta en la que están recogidos todos los aspectos que formaron parte de esta visita que se efectuó atendiendo a una invitación formulada por el Presidente dominicano. Los mandatarios destacaron el nivel en que se había mantenido la relación bilateral.
El presidente Mejía Domínguez agradeció la incorporación de la insular nación caribeña al Acuerdo Energético de Caracas (AEC), suscrito el 19 de octubre del año 2000.
A través de este mecanismo se establecieron condiciones especiales de financiamiento para los países de la región centroamericana y caribeña, favoreciendo sus economías y sus planes de desarrollo social, al poder minimizar los efectos negativos de las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo, lo que a su vez permitía la intensificación de la relación bilateral en todos sus órdenes, incluyendo la realización de inversiones recíprocas de los sectores privados de ambos países.
Los mandatarios revisaron la cooperación financiera que se había venido otorgando a la República Dominicana, a través del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), en virtud del Acuerdo de San José de 1980, que había venido posibilitando la ejecución de varios proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico y social dominicano, con la participación de empresarios venezolanos.
Convinieron iniciar las conversaciones para negociar un Acuerdo de Complementación Económica, persuadidos de la complementariedad de las economías de ambas naciones, como marco para el fortalecimiento del intercambio comercial de bienes, servicios e inversiones; como factores de promoción del desarrollo y de la integración subregional, para lo cual, además, acordaron el establecimiento de una oficina comercial venezolana en la ciudad de Santo Domingo, concurrente en otras islas del Caribe.
Por otra parte, tomando como base un Acuerdo de Cooperación Turística suscrito entre ambas naciones, en junio de 1997, concertaron la ejecución de varios programas en el área de capacitación, a través del intercambio de estudiantes, becas y pasantías, en gerencia y administración hotelera.
Para incentivar la participación del sector privado en este campo decidieron la realización de un encuentro de mayoristas de viajes de ambas naciones, para el segundo trimestre de ese mismo año (2001), a fin de impulsar el producto turístico binacional.
El Presidente venezolano expuso la necesidad de que la República Dominicana ratificara el Acuerdo sobre Cooperación para Prevenir y Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito entre ambos países en 1994; necesidad que quedó plasmada en la Declaración Conjunta suscrita entre ambos mandatarios.
Del mismo modo, en materia de corrupción, ambos Presidentes determinaron facilitar la cooperación para la adopción de medidas conducentes a su prevención, detección, sanción y erradicación.
Los Jefes de Estado convocaron para el segundo semestre de 2001 la primera reunión de la comisión mixta del Convenio Básico de Cooperación de 1997, vigente entre ambos países, a fin de implementar programas y actividades en todas las áreas de interés común en el plano bilateral.
Adicionalmente convocaron, igualmente para el segundo semestre de 2001, la primera reunión del mecanismo de consulta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.
Como una manera de garantizar el debido seguimiento a los compromisos derivados de esta visita y con el fin ulterior de fortalecer y estrechar aún más la relación bilateral, para el mismo lapso convinieron en realizar un programa de actividades culturales con fundamento en un Convenio de Intercambio Cultural vigente entre ambas naciones.
Los dos mandatarios caribeños, también, decidieron prorrogar el memorándum de entendimiento suscrito por las cancillerías en el año 1997, para la cooperación entre sus escuelas diplomáticas, mismo que contribuyó al desarrollo de la Escuela Diplomática y Consular de la República Dominicana.
El Presidente venezolano logró el compromiso del Gobierno dominicano de realizar los trámites necesarios para alcanzar las aprobaciones legislativas del Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal y del Acuerdo sobre Ejecución de Sentencias Penales, suscrito el 31 de enero de 1997.
El Gobierno dominicano hizo entrega del título de propiedad de la sede de la Embajada de Venezuela en Santo Domingo, ante lo cual el Presidente venezolano le manifestó a su homólogo que, en aplicación del Principio de Reciprocidad, se iniciarían las acciones para localizar un inmueble para la Embajada dominicana en Caracas.
Los mandatarios expresaron su complacencia por el inicio de los trabajos de la construcción de la Plaza Bolívar en Santo Domingo, proyecto que había sido concebido por ambos.
Este encuentro sirvió para comprometerse a concertar posiciones de la agenda internacional en diferentes instancias multilaterales, entre otras en la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Comunidad del Caribe (Caricom), así como en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU); compromisos que, adicionalmente, se incorporaron en la Declaración Conjunta.
Esta Declaración Conjunta hace referencia a la prioridad asignada al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tema central de la próxima XXXI Asamblea General de la OEA, la cual tendría lugar en San José de Costa Rica, en junio de ese año; así como al “…apoyo a los diferentes procesos de integración latinoamericana que se desarrollan por fases en los niveles subregional y regional, para su posterior convergencia en el Área de Libre Comercio de las Américas…”.
Como veremos más adelante, poco después, durante la realización de la III Cumbre de las Américas, en Quebec, Canadá, los días 20 y 21 de abril de ese mismo año, el presidente Hugo Chávez Frías daría un giro en la política exterior venezolana, con las reservas efectuadas a la Declaración de Quebec que evidenciaban el escepticismo de la diplomacia venezolana en torno a este proyecto de aspiración continental, del que el propio Chávez Frías se encargaría de anunciar su sepultura, en la siguiente Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata, Argentina, los días 4 y 5 noviembre de 2005, con su famosa frase “…¡El Alca al Carajo!… ”; como también veremos en detalles en su oportunidad.
Del mismo modo, años más tarde, la República Bolivariana de Venezuela manifestó su decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente el 10 de septiembre de 2012, al considerarla un mecanismo sesgado, controlado por intereses ajenos a sus Estados parte.
Como lo manifestara el 11 de marzo de 2013, el Presidente ecuatoriano, Rafael Vicente Correa Delgado, durante la instalación de la Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, realizada ese día en Guayaquil, para ese momento de los treinta y cuatro (34) países del llamado sistema interamericano, bajo la lógica de la OEA, sólo veintitrés (23) formaban parte de dicha Convención, conocida como el “Pacto de San José”.
Adicionalmente, el Artículo 106 de la carta fundacional de la OEA sólo le atribuye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), como función principal, promover la observancia y defensa de los Derechos Humanos, así como la de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia.
Sin embargo, mediante un reglamento que la propia CIDH elaboró, se arrogó las facultades de dictar medidas cautelares contra Estados soberanos, lo cual sólo corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; además de erigirse como un ente autónomo, en un claro e ilegal exceso de competencias auto atribuidas.
A estas circunstancias muy particulares, se agregan otras tales como que: de las ocho (8) relatorías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la única que tiene presupuesto e informe propio es la relatoría para la libertad de expresión, cuyo financiamiento básicamente proviene de los Estados Unidos, país que no es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos; en consecuencia, no se somete a su jurisdicción. Adicionalmente, también recibe financiamiento de la Unión Europea, la cual, obviamente, tampoco es parte del Sistema Interamericano.
En palabras de Rafael Vicente Correa Delgado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se financia:
…exactamente en un 96.5 por ciento, por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos, por Estados denominados “Estados Observadores”, que no son parte del Sistema Interamericano, y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países…
Curiosamente, a pesar de que la Convención Americana de Derechos Humanos había sido suscrita en 1969, los Estados partes nunca se habían reunido en torno a ella.
De hecho, a petición de la República del Ecuador se efectúa la primera reunión de Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos, en casi cuarenta y cuatro (44) años de existencia.
Además de tener su sede física en la ciudad capital de los Estados Unidos de América, nación que no es Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, se habían venido presentando otras distorsiones, tales como que la propia CIDH había sido presidida por nacionales de países que no han firmado la Convención.
Sin embargo, para el año 2001, estos elementos no estaban posicionados en la agenda mediática de las relaciones interamericanas, circunstancia que explica, entre otras, la incorporación de expresiones como “fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” en la referida Declaración Conjunta, suscrita en ocasión a esta visita a República Dominicana.
En tierras dominicanas, los dos mandatarios acordaron fortalecer el Grupo de Río como interlocutor válido frente a la comunidad internacional; coincidieron en las dificultades que para el desarrollo representa el peso de la deuda externa, destacando el gran porcentaje del presupuesto nacional que se destina a honrar estos compromisos en detrimento de las metas de inversión social y del desarrollo nacional de los países de la región.
Al término de la visita, el Presidente venezolano invitó a su homólogo dominicano a la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, en Caracas el 7 de noviembre del 2001.
Antes de abandonar la República Dominicana, el mandatario venezolano expresó su propósito de realizar una estancia “relámpago” en Cuba, y seguir viaje esa misma noche a Caracas.